Castiga con cárcel a quien use información sin autorización
De manera sorpresiva y en medio de un proceso de discusión
que se lleva a cabo en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la
Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo envió para su publicación la “reforma
de varios artículos y modificación de la sección VIII, denominada delitos
informáticos y conexos, del título VII del Código Penal”, popularmente conocida
como Ley Mordaza, la cual rige desde el martes.
En dicha ley de la República se modifican varios artículos
de la Ley de delitos informáticos y se establecen sanciones de prisión por la
forma en que se consigue la información, con lo cual se coarta la libertad de
expresión de cualquier persona y de los medios de comunicación.
Según detalla la ley, se impondrá prisión de tres a seis
años a la persona que sin autorización accese, apodere, modifique, intercepte,
utilice o difunda documentos o comunicaciones dirigidos a otra persona.
Además, se considera una violación de datos personales
cuanto estos sean considerados de carácter público o estén contenidos en las
bases de datos públicas.
El artículo 288 es uno de los más fuertes pues señala que
“será reprimido con prisión de 4 a 8 años al que procure u obtenga
indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía
nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones
exteriores de la nación o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen
organizado”, pero se aumenta hasta 10 años de cárcel cuando “la conducta se
realice mediante manipulación informática, programas informáticos maliciosos o
por el uso de tecnologías de información y de comunicación”, detalla la Ley
Mordaza.
En su oportunidad, el abogado del GRUPO EXTRA, Carlos
Serrano, explicó que legislación impone fuertes penas carcelarias por difundir
información que los costarricenses tienen derecho a conocer, sanciones de hasta
10 años de prisión que podrían compararse a las que se aplican al delito de
homicidio.
Sobre el particular aseveró que la ley castiga la
divulgación de información catalogada como secreto político, convirtiéndose en
una mampara para ocultar que se den a conocer actos de corrupción.
Para Serrano, las modificaciones aprobadas al Código Penal
van más allá de los delitos informáticos y restringen el ejercicio de la
libertad de expresión, poniendo en riesgo las investigaciones periodísticas.
“Estas reformas son una censura previa indirecta, es
atemorizar a los medios de comunicación, a los periodistas y a los ciudadanos
que utilizan las redes sociales para manifestarse y para informar”, reafirmó
Serrano.
Alejandro Delgado, presidente del Instituto de Prensa y
Libertad de Expresión (Iplex) aseguró que “lo que más nos preocupa es el tema
de las informaciones políticas, que desde nuestra perspectiva es el más álgido
en la ley, porque lo que debieron de hacer era regular el secreto de estado
como lo establece la constitución”.
Por ello comentó que se continuará con el proceso y que
conversará con la Defensora de los Habitantes, para que presente, desde la
Asamblea Legislativa, una acción de inconstitucionalidad.
“La ley no es retroactiva. Lo que pasa es que a partir de la
publicación de hoy alguien podría intentar acusar a un periodista por divulgar
informaciones políticas. El problema complejo es que ese es un término muy
amplio, donde podrían enmarcarse muchísimas situaciones. Lo que podría fomentar
una autocensura”.
Fabio Masís, presidente de la Cámara de Infocomunicación
agregó que “me parece que hay una contradicción pues por un lado las
discusiones no se aligeran, pero sale publicada la ley”.
Artículo: Krissia Morris / Ana V. Amenabar
kmorris@diarioextra.com
Foto: Portada Diario Extra
Fuente: Diario Extra
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