Este sábado, cuando se cumplen 32 años de la masacre de
Cantaura, Alejandro Velásquez, de 72 años de edad, sobreviviente de aquella
política de exterminio practicada por el gobierno de Luis Herrera Campins,
recuerda los hechos con valentía.
"Hace 32 años estábamos dispuestos a morir como héroes
y no como cobardes en Cantaura", dijo Alejandro al relatar lo que vivió el
lunes 4 de octubre de 1982, a partir de las 5:50 de la mañana, en el sector Los
Changuarriales del Morocho Evans, ubicado a 10 kilómetros de la hoy ciudad de
Cantaura, en la zona centro del estado Anzoátegui, en el oriente venezolano.
23 de los 41 jóvenes revolucionarios fueron asesinados. En
su mayoría estudiantes universitarios, obreros, maestras y sociólogos. Gente
del pueblo. Tenían entre 18 y 30 años de edad. Ese día se celebraría un pleno
revolucionario para analizar el acontecer político y social del país y delinear
una propuesta política de inclusión, justicia social y participación real del
pueblo en un país gobernado en ese entonces por el partido demócrata cristiano
Copei.
La masacre comenzó con bombardeos al campamento con aviones
militares. "Cuando los aviones comenzaron a lanzar las bombas de racimo
(llamadas así porque cada una contenía 12 granadas) conmigo estaban 14
compañeros. Les dije que se cubrieran con los árboles frondosos que habían en
el lugar", dijo Velásquez, conocido por sus compañeros como "El
Camarita".
Velásquez, del estado Sucre, comentó que cuando finalizaron
los ataques de los aviones de la Fuerza Aérea, que duraron entre 10 y 15
minutos, "llegaron varios helicópteros ametrallando contra la zona".
Recordó que cuando los helicópteros los atacaron, en ese
momento nadie de su grupo fue asesinado, "porque les indique que se
agacharan, hicieran una fila, se agarraran por la cintura, y se movieran en el
mismo sentido de las unidades aéreas".
Esta masacre ocurrió en una Venezuela en la que la izquierda
era perseguida, torturada, desaparecida y asesinada por los organismos de
seguridad del Estado.
Culminados los ataques aéreos, un grupo comando por tierra
cercó el lugar del campamento para rematar con disparos de ametralladoras.
"Después de eso decidí enfrentar la situación. Haber tomado esta decisión
me dio más valor para enfrentar la represión por parte del Estado hacia el
campamento guerrillero en ese entonces en Cantaura".
El Camarita logró romper el cerco militar y policial a las
8:30 de la mañana del 5 de octubre de 1982. Caminó tres días hasta llegar a un
hato. Allí permaneció varios días. Después habló con un ganadero, quien luego
lo trasladó hacia la vía de Pariaguán, en la zona sur del estado Anzoátegui.
El lunes 11 de octubre de 1982 Velásquez volvió en la noche
al lugar de la masacre y encontró rastros y signos que le indicaban que varios de
sus compañeros fueron asesinados fuera del campamento.
"Pienso que mientras trataban de huir de los efectivos
que disparaban sin control, y mucho menos sin cruzar palabras".
Luis Teodoro Pereira, otro de los sobrevivientes, recordó
que cuando comenzaron los ataques aéreos él se encontraba con otro compañero a
200 metros del campamento. "Habían pasado bombardeado la zona. En medio de
la situación de terror, a mi compañero le quitan la mano de un disparo y a mí
me dieron un tiro en la pierna".
Pereira señaló que cuando salieron para el sitio de la
concentración y caminaron escasos metros se encontraron con el Ejército,
"que nos disparó sin contemplaciones". Luego, huyendo del tiroteo a
mansalva, Teodoro logró esconderse tres días, junto a su compañero, en una
cuneta (zanja).
"Yo estuve en la cuneta de la carretera durante tres
días, pero al compañero que estaba conmigo, cuando decidió cruzar la vía, le
dispararon y lo mataron. Vi cuando llegaron seis soldados y le metieron 21
tiros".
Teodoro logró escapar, no sin antes sortear disparos desde
el aire de un helicóptero militar. Al día siguiente, llegó a la casa de unos
campesinos, quienes les brindaron atención primaria.
Esta masacre fue ocultada, silenciada y desvirtuada durante
los 40 años de gobiernos de Acción Democrática y Copei. Fue con la Revolución
Bolivariana cuando la Fiscalía retomó el caso.
En los últimos años han exhumado 18 cuerpos en Caracas,
Barcelona, Anaco, Cumaná, La Guaira y Puerto Cabello, que han confirmado que la
mayoría de las víctimas del ataque del 4 de octubre de 1982 fue ajusticiada.
Además, en octubre de 2011, la Asamblea Nacional aprobó, con
mayoría socialista, la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones,
Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en
el Período 1958-1998.
Con este reglamento fue creada una comisión especial
encargada de esclarecer este y otros casos de masacre y violaciones de derechos
humanos en los gobiernos de la cuarta República en Venezuela.
Mientras avanzan las investigaciones por el caso, el
Ministerio Público imputó a Ismael Antonio Guzmán, ex comandante del Batallón
de Cazadores del Ejército Coronel Vicente Campo Elías N° 63, encargado de la
matanza.
También por este mismo hecho se encuentran imputados
Remberto Uzcátegui, ex director general de los Servicios de Inteligencia y
Prevención (Disip), y José Domínguez Yépez, ex director de Inteligencia de ese
extinto organismo.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,
informó que este año presentarán acusaciones contra los responsables de la
masacre de Cantaura.
"Para este mismo año esperamos presentar la acusación
contra los responsables de este hecho, así como la concreción de las órdenes de
aprehensión libradas", escribió la fiscal en su artículo de opinión Construyendo
La Memoria, publicado el martes 30 de septiembre de 2014 en el diario privado
Últimas Noticias.
En esta publicación, Ortega Díaz señaló que es así como a la
fecha el Ministerio Público, como parte de la Comisión por la Justicia y la
Verdad, adelanta una investigación penal para dar con los responsables de este
hecho, "que -pese a su gravedad- no atrajo la atención de organismos
internacionales y organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos
humanos".
