La canciller de Colombia, María Ángela
Holguín, afirmó que la única manera de que ese país frene el contrabando de
extracción es que Venezuela elimine los subsidios en los productos que han
permitido al país mejorar la calidad de la vida de sus habitantes, ser la
nación con menos desigualdad de la región y ostentar el reconocimiento de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao,
por sus siglas en inglés) por la reducción del hambre y la pobreza extrema.
En una conferencia de prensa realizada el
jueves, la ministra de exteriores colombiana declaró: "Mientras ustedes
sigan subsidiando los productos es muy difícil que nosotros logremos hacer algo
de verdad en la lucha contra el contrabando".
La posición del gobierno colombiano en contra
de los subsidios es comprensible si se tiene en cuenta que entre 2008 y 2013,
período que toca parte de los dos mandatos de Juan Manuel Santos, Colombia
descendió dos lugares en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), ocupando el
puesto 98 entre los 168 países contemplados en ese ranking. Venezuela se
encuentra en el escaño 67.
De igual forma, Colombia ostenta el puesto 12
en el ranking mundial de países con mayor desigualdad en el ingreso, mientras
Venezuela es el país menos desigual de toda América Latina.
Los subsidios a los productos de primera
necesidad por parte del Gobierno Bolivariano benefician, sin distinción alguna,
a toda la población venezolana y a los más de 5,6 millones de colombianos que
residen legalmente en el país, quienes emigraron para escapar del conflicto
armado y la violencia que azota el territorio vecino desde hace más de medio
siglo.
Por esa razón, la canciller venezolana, Delcy
Rodríguez, respondió a Holguín: "Es insólito, por decir lo menos, que se
excuse en las políticas de subsidios implementadas por Venezuela en función de
su pueblo para escurrir la responsabilidad de Colombia en el combate al
contrabando".
La petición que Caracas hizo a Bogotá, en la
última reunión efectuada por la jefas de la diplomacia de ambos países, fue
revisar la Ley Anticontrabando que, contrario a su nombre, promueve ese delito
y no contempla la repatriación de mercancías.
Se estima que alrededor de 100.000 barriles
diarios de productos derivados del petróleo se van diariamente de Venezuela
hacia Colombia, lo que genera pérdidas al país por el orden de los 3,5 millones
de dólares. A esa fuga se suman otros 6,5 millones de dólares en alimentos,
para un total de 10.000 millones de dólares anuales, equivalentes a más del 62%
de las reservas internacionales del país.
El instrumento legal aprobada por el Congreso
neogranadino, si bien "castiga" a los grandes contrabandistas, no
ataca a los pequeños que mediante el "bachaqueo" extraen diariamente
combustible y productos de primera necesidad de Venezuela hacia Colombia.
La ley aplica únicamente cuando se trata de
mercancías por encima de 50 salarios mínimos colombianos, es decir, unos 28
millones de pesos; y legaliza el tráfico de combustible mientras esté por debajo
de 74 litros de gasolina. El fenómeno ha sido previsible: el aumento del
contrabando en cantidades por debajo de las penalizadas, mediante la
"fragmentación" de mercancías con el bachaqueo.
Pero Holguín insistió en eximir la
responsabilidad de país en el contrabando con el argumento de que
"Venezuela tiene que entender que de allá sale y sale a unos precios que
para Colombia es imposible poder controlar".
"Este tema del contrabando tiene esa
inmensa dificultad y si acá entra es porque de allá sale", agregó Holguín,
quien aseguró que los productos incautados en Colombia serán devueltos a
Venezuela aunque a la fecha no ha ingresado ninguna mercancía.
"Se le va a poder devolver cuando la Dian
y el Seniat se puedan sentar a trabajar en cómo será esa devolución",
excusó.
La falta de control por parte de Colombia
también ha sido denunciada por Venezuela. Recientemente, el presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, recordó que mientras los 2.219 kilómetros
de frontera común son custodiados por más de 3.000 efectivos de la Guardia
Nacional en el lado venezolano, en el territorio colombiano apenas es vigilada
por un puesto de policías.
De igual forma, la jefa de la diplomacia
colombiana se negó a derogar la resolución 8 del año 2.000, con la cual se ha
ejercido un feroz ataque al Bolívar en casas de cambio ubicadas en Cúcuta, que
ha afectado severamente a la economía de los venezolanos.
La postura de Bogotá fue tajante:
"Resulta que ahora la culpa es de Colombia y de la casas de cambio de
Cúcuta, la solicitud de derogar la resolución donde Colombia tiene una libre
compra y venta de divisas, pues Colombia no lo va hacer".
Fuente: Agencia Venezolana de Noticias (AVN)
No hay comentarios:
Publicar un comentario