El istmo de Panamá se extiende en
América Central, una de las regiones de mayor diversidad natural y cultural en
el mundo. Diferentes ecosistemas forestales constituyen un componente esencial
de esa riqueza. Varias naciones indígenas han encontrado en los bosques de su
hogar y fuente de sustento. En Darién, San Blas y Panamá Oriente viven los
Emberá-Wounaan y el pueblo indígena Kuna, mientras que el Teribe ocupan la zona
de Bocas del Toro, en la frontera con Costa Rica, junto con los Ngobe-Bugle,
que también habitan en parte de la provincias de Veraguas y Chiriquí Oriente.
Según el Censo Nacional de 1990, la población indígena de Panamá está compuesta
por 180.700 personas, lo que representa un 7,8% de la población total del país.
De acuerdo con los registros
existentes, desde 1850 la superficie forestal se ha ido reduciendo a un ritmo
elevado. Que los bosques al año se estima que para cubrir el 91% de la
superficie del país, incluso después de haber sufrido un severo proceso de
deforestación causada por la colonización española, que comenzó en el siglo 16.
Durante el siglo 20 la caída fue notable. Por ejemplo, entre 1950 y 1960 la
cubierta forestal se redujo de 68% a 58%. Según estimaciones oficiales, en 1992
la superficie forestal se redujo a 3,358,304 hectáreas, que representan el 44%
de la superficie del país. Hoy en día la tasa de deforestación ha sido estimada
en 75.000 hectáreas por año.
Aunque en la actualidad Panamá tiene
el segundo porcentaje más grande de los bosques primarios en América Central, y
el mayor porcentaje de áreas protegidas (un tercio de la superficie total de
bosques) en la región, todos los bosques de Panamá frontera restantes están
amenazadas, y con ellos los ricos patrimonio natural que poseen y los
territorios y medios de subsistencia de los pueblos originarios. El madereo
industrial, la construcción de carreteras, la producción de cacao, y la minería
han sido identificados como las principales causas de la deforestación y la
degradación de los bosques. La construcción del Canal de Panamá y la proyectada
carretera panamericana a través de la región del Darién, en la frontera entre
Panamá y Colombia, son claros ejemplos de megaproyectos que ya han destruido o
se espera a tener serios impactos en los bosques.
Como también ha ocurrido en la vecina
Costa Rica (ver Boletín del WRM 6) y Nicaragua (ver Boletín del WRM 24), la
minería está dando lugar a efectos catastróficos en varias zonas del país,
generando al mismo tiempo, los conflictos con las comunidades indígenas que
viven allí. En 1994, el 25% de la superficie del país estaba cubierto por las
concesiones mineras o las aplicaciones y en la actualidad más de la mitad del
territorio nacional está abierto a solicitudes de concesiones mineras. Muchos
sitios mineros se encuentran en los bosques y el 70% de las concesiones se han
otorgado en los territorios indígenas de San Blas, Bocas del Toro, Veraguas y
Chiriquí. La Dirección de Recursos Naturales de Panamá ha informado de que el
70% de los aproximadamente 20.000 km2 del territorio nacional considera que
tienen potencial minero se encuentra en tierras reclamadas por grupos
indígenas. El gobierno ya ha aprobado una amplia cobre y las concesiones
mineras de oro dentro de los Ngobe-Bugle y los territorios kunas. En el caso de
Kuna Yala, la concesión otorgada a la empresa canadiense Western Keltic Mines
Inc. se extienden sobre más del 50% del territorio Kuna. Al mismo tiempo, otras
empresas canadienses-como Panacobre, una subsidiaria de Tio Mine Resources Inc,
Adrian Resource, Innet Mining Corp. - se han otorgado importantes concesiones
en el territorio de los Ngöbe Buglé.
Varios casos en Panamá se puede
mencionar que muestra las consecuencias destructivas de desarrollo de la
minería industrial en los bosques y las personas que viven en ellos. Por
ejemplo, el Proyecto de Cerro Petaquilla en la Provincia de Colón implicará la
pérdida de al menos 2.500 hectáreas de bosques para dar paso a la
infraestructura de la mina y por los caminos que permitan el acceso a la zona.
También se teme que el proyecto afectará al vecino Parque Nacional El Copé y la
Reserva Forestal Donoso. Esta provincia mostró la segunda más alta tasa de
deforestación entre 1986 y 1992, lo que representa 22,35% de la pérdida total
de bosques. Otro conflicto importante es el generado por la explotación de
cobre por la empresa canadiense Panacobre SA con el pueblo Ngobe-Bugle en la
provincia de Chiriquí, que son el grupo indígena más grande en el país. Aunque
el Congreso General de los Ngobe-Bugle ha rechazado el proyecto, el gobierno ha
otorgado a la empresa una concesión por 25 años, que se puede incluso
ampliarse. Los pueblos indígenas Kuna - la segunda nación nativa de Panamá -
también se enfrentan a la agresión de los proyectos mineros en sus territorios
tradicionales.
El principal problema para detener
esas actividades mineras destructivas y proteger los bosques que quedan es el
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios
tradicionales, incluyendo el subsuelo - recursos y la cultura. El primer
reconocimiento de un territorio indígena por el gobierno panameño fue el de la
Comarca de San Blas y se remonta a 1938. En 1983 la Comarca Emberá-Wounaan en
la provincia de Darién, fue reconocido, en 1996, la Comarca Kuna de Madungandí,
en la provincia de Panamá, y en 1997 la de los Ngobe-Bugle, que fue el
resultado de una larga lucha de esta nación indígena en contra de los intereses
de los mineros, madereros y ganaderos que se oponían a la demarcación y el
reconocimiento del territorio indígena.
Los pueblos indígenas son los mejor
situados para ser los guardianes de los bosques y por lo tanto para asegurar su
conservación. Por tanto, es necesaria para dar nuevos pasos a seguir para el
reconocimiento de los derechos de esos pueblos a sus territorios.
Articulo: Florina López Miró
Fuente: Pueblos Indígenas y Minería en Panamá
Asociación Napguana
http://www.wrm.org.
uy/countries/Panama/article1.html
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