Este
artículo cuestiona la tesis ampliamente aceptada en círculos financieros y
económicos del país que el Estado español ha agotado las posibilidades de
generar más recursos. El artículo señala información del Sindicato de Técnicos
del Ministerio de Hacienda (Gestha) que muestra que el Estado podría recoger
89.000 millones de euros si tuviera voluntad de hacerlo.
El Sindicato
de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) es una de las instituciones más
valiosas que tiene este país. De una manera metódica y rigurosa proveen
información de una gran importancia que documenta las enormes injusticias
existentes en el sistema fiscal español que se han acentuado todavía más con
las políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos Zapatero y Rajoy (más
este último que el primero) en respuesta a la crisis. En un interesante
artículo publicado en Tercera Información (02.05.12), Miguel Ángel Mayo,
coordinador en Catalunya de tal sindicato, provee gran cantidad de datos sobre
el fraude fiscal en España que, por desgracia no han aparecido en los medios de
mayor difusión. Veámoslos.
El fraude
fiscal representa una cifra, 89.000 millones de euros, muy elevada y que el
Estado deja de ingresar año tras año. Es uno de los fraudes fiscales más
elevados de la Unión Europea y también de la OCDE (el club de países más ricos
del mundo). Por otra parte, España es el país que tiene menos inspectores de
Hacienda en relación a la población tributaria. Hay un inspector por cada 1.680
contribuyentes, tres veces inferior a la media de los países de la OCDE y cinco
veces inferior a Franca y Alemania.
El fraude
es, pues, un problema grave. Ahora bien, otro dato de gran relevancia es que
tal fraude fiscal se concentra en un sector muy pequeño de la población: las
grandes fortunas y las grandes empresas que facturan más de 150 millones de
euros al año, fraude fiscal que se realiza a través de la banca, la institución
más importante que lo canaliza hacia los paraísos fiscales, es decir, países
donde prácticamente no se pagan impuestos. En realidad, el Fondo Monetario
Internacional calcula que una cuarta parte (sí, leyó bien, una cuarta parte) de
la riqueza del mundo está depositada en tales paraísos fiscales. Según la OCDE,
600.000 millones de dólares no se ingresan en las cuentas de los Estados de tal
grupo de países (incluido España), resultado del depósito de los súper ricos y
ricos de aquellos países en paraísos fiscales. España es uno de los países que
tiene mayor número de agujeros fiscales que disminuyen los ingresos al Estado.
En España uno de los instrumentos que más utiliza tales paraísos fiscales son
las 3.113 sociedades de inversión de capital variable (conocidas como SICAV),
que gestionan un patrimonio de 26.154 millones de euros.
De todos
estos datos, resulta que los ricos y súper ricos apenas pagan impuestos en
España. El sistema de tributación es profundamente injusto. El 44% de los
ingresos al Estado procede de los impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), de los cuales el 83% de la recaudación se basa sobre las rentas
del trabajo (es decir, la población que trabaja y está en nómina). Y un 32% de
los ingresos al Estado procede de los impuestos sobre el Valor Añadido
(conocido como IVA), que se basa en el consumo y es profundamente regresivo, lo
cual quiere decir que las clases populares pagan mucho más que los ricos y los
súper ricos. Es, pues, una enorme frivolidad el argumento de que España ha
alcanzado su límite en cuanto a gastos, pues el país no da para más. Si en
España la carga impositiva total fuera (como porcentaje del PIB) como en
Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros (sí, lo ha leído
bien, 200.000 millones) más de los que ingresa. Ahí está el quid de la
cuestión: los que tendrían que pagar mucho más de lo que pagan no son el
ciudadano normal y corriente, sino el 10% de la población –los ricos y los
súper ricos- que tienen un enorme poder político y mediático en el país. Así de
claro.
Artículo: Vicenc Navarro
Catedrático
de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy.
The Johns Hopkins University.
Fuente: Vicenc Navarro blog
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